Una ampliación de querella presentada en el Juzgado de Garantía de Castro acusa que la denominada Comunidad Cahuala habría operado durante décadas como una presunta secta para captar personas en situación de vulnerabilidad. Además de someterlas a explotación laboral y sexual en Chiloé.
La acción judicial fue interpuesta por los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia. Quienes buscan que la investigación iniciada en 2019 incorpore los delitos de trata de personas y asociación para cometer ese ilícito.
Según la querella, ambos permanecieron cerca de 15 años en la organización. Donde aseguran haber sido víctimas de aislamiento familiar, manipulación psicológica, control sobre distintos aspectos de sus vidas y trabajo sin remuneración en diversas empresas vinculadas a la comunidad. Entre ellas, un establecimiento educacional, empresas agrícolas, una consultora y un centro terapéutico.
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Por otro lado, a lo largo de los años, estuvieron residiendo en distintos recintos ubicados en Vallenar, Santiago y, finalmente, Chiloé.
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Asimismo, el escrito incluye el testimonio de María Jesús Carrascosa. Quien acusa haber sido víctima de explotación sexual por parte del líder del grupo, Enrique Urrutia. De acuerdo con su relato, el líder ejercía un control absoluto sobre la vida afectiva y sexual de los integrantes, aprovechándose de la dependencia psicológica que, según afirma, había generado en ella.Esto según consignó Radio Biobío.
Los denunciantes abandonaron la comunidad en 2015 y se trasladaron a España. Sin embargo, aseguran que hasta hoy enfrentan graves secuelas psicológicas, además de haber visto afectado su desarrollo profesional y su patrimonio.
Con estos nuevos antecedentes, la defensa solicita al Ministerio Público ampliar la investigación, formalizar a los imputados y realizar nuevas diligencias para esclarecer los hechos.
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