Este jueves 18 de marzo, el Parlamento español aprobó definitivamente la ley que despenaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para el derecho a morir y a la prestación del sistema nacional de salud.
Después de haber sido corregida por el Senado, el Congreso español respaldó finalmente hoy la ley, con 202 votos a favor de los 350 diputados. Y, respecto a los que se oponían a la ley, hubo 141 votos en contra y 2 abstenciones.
La norma, entrará en vigencia dentro de tres meses. Esta fue impulsada por Partido Socialista y tuvo el apoyo del resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada frontalmente por la oposición de conservadores y de extrema derecha.
Con la decisión de hoy, España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal. En los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda, son lo otros países en que la eutanasia es legal.
¿Quiénes podrán solicitarla y cómo se aprueba?
Las personas que sean mayores de edad y que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante». Que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable», son quienes podrán solicitar la eutanasia.
Sin embargo, una «Comisión de garantía y evaluación», compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, será responsable en última instancia de autorizar la solicitud. Pese a ello, quien haya tomado la decisión tendrá que confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.
Reacciones sobre la nueva ley
Pese a todo, la ley es motivo de polémica social y política, con un fuerte enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el «reconocimiento de los derechos«, así como en una sociedad «más justa y decente».
En la misma línea, la diputada socialista y ex ministra de Sanidad María Luisa Carcedo recordó a todos aquellos que lucharon por conseguir que se apruebe la ley, que da «libertad para decidir».
Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) se refirió a que «no existe demanda social objetiva«, y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a «eutanasias no solicitadas» y España puede convertirse en un país de «turismo eutanásico».
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