Durante las últimas horas, el Gobierno de Chile ingresó una indicación para aplazar la implementación de la nueva organización del sistema educativo. La cual busca cambiar los ciclos de estudio, y acortar dos cursos de enseñanza básica.
Esta propuesta busca atrasar hasta el año 2030 la entrada del modelo de educación escolar, este cambio establece seis años de educación básica y seis de educación media. Es decir, que séptimo y octavo básico dejarían de existir y formarían parte de la enseñanza media.
Debemos recordar que la modificación fue establecida bajo la Ley General de Educación. La que garantiza el derecho a la educación, dicho proyecto fue promulgado en 2009 como respuesta frente a la crisis del sistema educativo.
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La recordada «revolución pingüina» sería el inicio de este cambio. Dicho movimiento puso en el centro de la opinión pública la calidad, equidad y organización del sistema de educación.
Condiciones insuficientes para llevar a cabo la reforma
De hecho, la esperada incorporación de este programa estaba listo para empezar en el año 2026. Sin embargo, las autoridades consideran que el Estado aún no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar esta transformación en los plazos definidos.
La Subsecretaria de educación, Alejandra Arratia, afirmó para Radio ADN que el sistema aún no ha alcanzado las condiciones necesarias para llevar adelante el cambio estructural.
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Entre los principales focos a trabajar existen la falta de infraestructura, la necesidad de contar con profesores para los nuevos niveles y los recursos financieros requeridos para asegurar una transición ordenada.
Otro de los factores considerados, es el traslado de establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública. La cual se espera que suceda hasta 2029.
De hecho, la propuesta ha generado diversas opiniones en el sector. Mientras algunos expertos cuestionan la falta de avances para ejecutar una reforma ya aprobada, otros consideran necesario asegurar condiciones mínimas antes de introducir modificaciones estructurales.
La indicación será analizada en el Congreso como parte del debate del proyecto de reajuste al sector público. Donde se evaluarán sus fundamentos y posibles efectos antes de su eventual aprobación.
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