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La forma en que las empresas gestionan información de clientes, trabajadores y usuarios está próxima a cambiar en Chile. Esto, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, normativa que impondrá mayores exigencias en materia de transparencia, seguridad y uso de información privada.
De hecho, actualmente, la legislación busca fortalecer el control que tienen las personas sobre sus datos personales. Regulando cómo las organizaciones recopilan, almacenan y utilizan antecedentes sensibles o de contacto.
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Por otro lado, la normativa contempla un período de adecuación hasta el 1 de diciembre de 2026. Plazo en el que las organizaciones deberán ajustar completamente sus procesos internos para cumplir con las nuevas obligaciones legales.
Sin embargo, especialistas advierten que muchas organizaciones aún no cuentan con protocolos suficientemente robustos para enfrentar este nuevo escenario regulatorio. Por lo que el desafío será avanzar en procesos de cumplimiento y gobernanza de datos.
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Nueva ley obligará a las empresas a pagar multas por esta práctica
“La mayoría de las empresas hoy no está realmente preparada. Muchas no tienen procesos claros, protocolos definidos ni responsables específicos para manejar datos personales, y eso puede transformarse en un problema importante tanto legal como reputacional”, explica Julio Farías, experto en tecnología y experiencia de cliente y cofundador de Zerviz.
Por otro lado, debemos señalar que el cambio no solo impactará a áreas legales o tecnológicas. También afectará procesos internos relacionados con recursos humanos, marketing, atención al cliente y plataformas digitales.
“Hoy el mayor problema es cómo se gestiona la información. Muchas empresas aún no tienen claridad sobre dónde está la información de sus trabajadores, quién accede a ella ni bajo qué criterios. Eso, bajo la nueva normativa, se transforma en un riesgo legal concreto”, señala Consuelo Letelier, VP Legal de Talana.
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“Hoy los datos están distribuidos en múltiples sistemas dentro de las empresas: plataformas de atención, herramientas de marketing, softwares internos y canales digitales. La ley obliga a que todo eso funcione de manera coordinada, segura y con trazabilidad”, agrega Farías.
¿Y qué pasa si las empresas no cumplen? La ley contempla sanciones económicas, pero también riesgos reputacionales importantes. Es decir, una filtración o un mal uso de datos podría afectar directamente la confianza de clientes y trabajadores.
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