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El cantante español Julio Iglesias decidió acudir a la justicia luego de que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, realizara declaraciones públicas en las que lo vinculó con presuntos abusos sexuales. Además de situaciones de explotación laboral.
La acción judicial fue presentada este 24 de febrero. Marcando un nuevo capítulo en una controversia que ha escalado desde el ámbito mediático al terreno legal.
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De acuerdo con la información difundida en Infobae, la demanda se enmarca en un acto de conciliación previo a una eventual querella por injurias y calumnias. Este paso es habitual en el sistema judicial español y busca abrir la puerta a una retractación antes de avanzar hacia un proceso penal más complejo. En su presentación, el equipo legal del artista sostiene que las palabras de la vicepresidenta dañaron gravemente su honor y reputación.
El origen del conflicto
La controversia se originó tras comentarios públicos de Díaz en los que hizo referencia a denuncias a Julio Iglesias por abuso sexual. Calificó los hechos como «extremadamente graves».
El cantante español considera que esas afirmaciones lo señalan directamente como responsable de delitos sin que exista una condena judicial en su contra.
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Desde la perspectiva del cantante, las declaraciones de una alta autoridad del Estado tienen un impacto mayor que las de cualquier ciudadano.
Debido a que pueden influir en la opinión pública y generar lo que su defensa describe como un «juicio anticipado» fuera de los tribunales.
Qué solicita el artista
En la acción presentada ante los tribunales, Julio Iglesias pide que la vicepresidenta se retracte públicamente de sus dichos.
Además, solicita una compensación por el perjuicio moral que, según su postura, las declaraciones habrían afectado tanto en su imagen profesional como en su entorno personal.
La defensa argumenta que la presunción de inocencia es un principio fundamental que debe respetarse. Especialmente cuando se trata de acusaciones de carácter penal. En ese sentido, subrayan que no existe una sentencia judicial que lo declare culpable de los hechos mencionados.
Por ahora, el proceso se encuentra en su fase inicial. Si no hay acuerdo en el acto de conciliación, el conflicto podría escalar hacia una querella formal, lo que extendería la disputa al ámbito penal.
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